ÉCIJA EXIGE A LA JUNTA UNA SOLUCIÓN PARA LAS FAMILIAS DE LAS 91 VIVIENDAS

Manifestación 91 Viviendas Estatuto de Autonomía

En la tarde-noche de ayer tuvo lugar una manifestación convocada por las familias de las 91 viviendas de la calle Estatuto, en demanda a la Junta de Andalucía de que cumpla el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Écija y, sobre todo, con las propias familias, de hacer cuanto esté a su alcance para mantener la titularidad pública de las viviendas. De dar una solución a este colectivo, integrado en su mayoría por personas con recursos limitados.

El gobierno andaluz, a través de la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez Martín, se comprometió ya en 2019 con el gobierno local y con las familias a que si fuese necesario, ejercería los derechos de tanteo o retracto previstos en la ley, de manera que ante una eventual transmisión de los pisos a una tercera persona, adquiriría éstos en las mismas condiciones establecidas para esa transmisión. Sin embargo, llegado el momento, la Junta no ha hecho uso de esos derechos que la ley le concede y las viviendas las ha comprado en subasta una entidad privada que ni se ocupa de gestionar viviendas ni tiene por objeto otro que el de la especulación, el de pegar un pelotazo urbanístico con esa operación. La Junta ha hecho oídos sordos a los numerosos requerimientos que tanto el gobierno local de Écija como el propio pleno de la Corporación, a través de varias mociones, le han dirigido instándola a que cumpla con lo prometido. Y lo mismo ha hecho con los que el grupo socialista en el Parlamento andaluz le ha planteado en la cámara autonómica. El gobierno andaluz de PP y Cs, por boca de su consejera de Fomento, Marifrán Carazo, con el respaldo expreso del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha faltado a su palabra y ha dejado tiradas a las familias. Algo que contrasta con lo que el anterior gobierno andaluz hizo en un caso similar con unas viviendas de Santiponce. Aquel era un gobierno socialista, con sensibilidad social, y acudió en rescate de las familias de esa localidad. Este parece ser un gobierno que sólo tiene sensibilidad con la especulación y los grandes capitales, ante cuyos intereses se pliega.

Por ese motivo, los vecinos y las vecinas, se manifestaron ayer por las calles de Écija, en una marcha que discurrió entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche, pacíficamente y sin incidentes, partiendo del propio edificio de las viviendas en el barrio de la Alcarrachela hasta el centro de la ciudad y volviendo después por el mismo recorrido, y que congregó a unas 300 personas. En ella participaron el alcalde y secretario general del PSOE de Écija, David Javier García Ostos, y el gobierno local en su conjunto, junto a otros compañeros y compañeras de la agrupación, así como a representantes de las restantes formaciones de izquierda del consistorio, Fuerza Ecijana, Izquierda Unida y Podemos. Y estuvieron asimismo presentes los compañeros diputados autonómicos Verónica Pérez, secretaria general del PSOE de Sevilla, Felipe López y Beatriz Rubiño, quienes han defendido en el Parlamento andaluz distintas iniciativas en defensa de los derechos de las familias, así como el compañero secretario comarcal y diputado nacional José Losada.

Ahora bien, tan destacables como las presencias, lo fueron las ausencias. Ningún representante de ninguno de los tres partidos de la derecha acudió a la cita. Eso es lo que le importa a la derecha de nuestra ciudad el futuro de estas familias. Nada. De entre esas ausencias, una es claramente muy significativa: ningún representante del PP, partido que gestiona la Consejería de Fomento, que es la que tiene la llave de la solución del problema, tuvo la decencia, la dignidad política de dar la cara y presentarse ayer en la manifestación. Y es que el PP local, y muy especialmente, su portavoz municipal, Silvia Heredia, lejos de ser parte de la solución, han sido y son parte del problema. Heredia se ha comportado de forma desleal con el alcalde, con el gobierno local y el resto de formaciones, y ante todo, con las familias, a las cuales les ha ocultado la verdad, la realidad, que no era otra que el gobierno andaluz no iba a hacer nada, no iba a mover un dedo por defender su derecho constitucional a tener una vivienda digna. Su derecho a un techo, como clamaban ayer los manifestantes. Cada día que pasa es un día más que esta señora no debería seguir en su cargo, al haber actuado de una forma tan poco íntegra con un colectivo que necesita como pocos del auxilio de las Administraciones públicas, en este caso, de una que su propio partido dirige y conduce pero que se ha desentendido de la cuestión.

Los vecinos y las vecinas lo saben. Y el alcalde volvió a expresárselo ayer cuando la manifestación alcanzó la plaza del Salón y tuvo oportunidad de dirigirse a ellos. Tendrán a su lado en todo momento al gobierno local, y hay que entender que también al resto de fuerzas de izquierdas, haciendo cuanto esté a su alcance, agotando cuantas vías políticas, administrativas, jurídicas e incluso judiciales sean necesarias para que estas familias puedan vivir sin el desasosiego actual; puedan vivir en la tranquilidad de que sus viviendas van a ser gestionadas desde lo público y no por fondos buitres que sólo persiguen el beneficio fácil, el pelotazo a costa de los demás.